Merecen ser examinadas algunas nuevas modalidades de responsabilidad del transportista que han sido objeto de juicio por parte del Tribunal italiano. Es sabido que la responsabilidad del transportista está establecida por la Convención de Ginebra en:
- responsabilidad del transportista por robo de mercancía;
- responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía;
- la responsabilidad solidaria del transportista frente al cliente;
- responsabilidad del transportista por retraso en la entrega;
- responsabilidad del transportista según lo establecido por el Convenio CMR de Ginebra.
La sentencia del juez italiano, en cambio, puso de relieve el caso de responsabilidad del transportista por actos cometidos con fines de terrorismo y la consiguiente obligación del transportista de resarcir el daño sufrido.
Por qué la compañía transportista fue considerada corresponsable de los actos de terrorismo cometidos por su propio empleado
Se trata de un caso muy particular sobre el cual se ha pronunciado la Corte d’Assise de Milán (tribunal penal con jurado popular). El caso se refiere a actos cometidos con fines de terrorismo por el conductor de un autobús empleado por una empresa de transportes, es decir, un transportista, que había suscrito un contrato para el transporte de los alumnos de un centro escolar. En relación con este caso específico, la Corte d’Assise de Milán resolvió – mediante sentencia n. 4 del 14 de septiembre de 2020 – la condena del conductor del autobús escolar que transportaba a los alumnos de una escuela situada en el municipio de Crema. En síntesis: el conductor, en el ejercicio de sus funciones, secuestró a los alumnos cometiendo un acto ilícito con fines de terrorismo, por el cual se determinó la responsabilidad solidaria del transportista.
Responsabilidad solidaria del transportista en caso de atentado terrorista
En la motivación de la decisión se constató la responsabilidad civil solidaria del transportista, en su condición de empleador del demandado. Con esta sentencia, la Corte confirmó la corresponsabilidad del transportista por los comportamientos llevados a cabo por sus propios empleados. El Tribunal se adhirió así al tradicional principio jurisprudencial según el cual el empleador es responsable de los actos culposos o dolosos cometidos por su propio empleado, cuando las funciones asignadas al trabajador hayan facilitado la comisión del ilícito. Desde el punto de vista civilista, no se consideró relevante la circunstancia de que la conducta del conductor tuviera fines terroristas. Se precisa que, para el ordenamiento italiano, la responsabilidad por un hecho cometido por un tercero se considera en términos de corresponsabilidad. La corresponsabilidad por un ilícito cometido por otros recae sobre aquellos sujetos que se benefician de sus funciones o tareas. En el caso concreto, el transportista, encargado del transporte, se beneficia de las tareas desempeñadas por su propio empleado y, por lo tanto, se le considera corresponsable de los ilícitos cometidos por este en el ejercicio de dichas tareas.
Los actos de terrorismo se consideran excepcionales pero ya no imprevisibles
El Tribunal afirmó que los actos cometidos con fines de terrorismo, aunque excepcionales, ya no pueden considerarse imprevisibles en la sociedad actual y forman parte de los riesgos vinculados al transporte de mercancías y personas. Resulta muy interesante ver cómo la Corte extendió la responsabilidad de los hechos a la escuela, y por lo tanto al Ministerio de Educación Pública. La reconstrucción del Tribunal, en efecto, puso de relieve la responsabilidad de la escuela, y por lo tanto del Ministerio, en su condición de sujeto encargado del control de las actividades de la empresa de transporte establecidas en el contrato. En sustancia, el Ministerio es comitente de un contrato de transporte suscrito con el transportista y titular de una obligación de vigilancia y control sobre los servicios prestados por el transportista. Según el Tribunal, el hecho de que la responsabilidad del transportista sea imputable a la escuela en el marco de un contrato de servicios determina la aplicación de la responsabilidad objetiva por acto de un tercero. Al respecto, se consideró suficiente la posibilidad abstracta de que la escuela interviniera y censurara el correcto cumplimiento del servicio por parte de la empresa de transporte y de su personal, en coherencia con las mencionadas exigencias de solidaridad social, que inspiran la disciplina del art. 2049 c.c.
El resarcimiento del daño no patrimonial a cargo de los sujetos involucrados en el hecho
El hecho en sí tuvo características muy particulares. El conductor, empleado del transportista, mantuvo secuestrados a los chicos durante una hora y, afortunadamente, no hubo consecuencias nefastas. Los jueces podrían haber restado importancia a lo sucedido. Sin embargo, quisieron tener en cuenta el daño no patrimonial sufrido por los menores de edad víctimas de lo ocurrido. El juicio penal se desarrolló de manera muy rápida y no hubo tiempo para constatar las efectivas consecuencias psicológicas sufridas por los menores, que quedan pendientes de profundizar en el juicio de resarcimiento civil, cuando haya tiempo de completar el período clínico de observación necesario para el diagnóstico y el daño moral sufrido por los chicos, desde el momento del secuestro hasta su liberación. Es la primera vez que la Corte d’Assise reconoce el resarcimiento de este tipo de componente moral, identificado como «daño terminal», en una perspectiva más amplia del daño sufrido, todavía por verificar.
El espacio resarcitorio reconocido por la Corte d’Assise a un componente de esta naturaleza moral representa, por lo tanto, un interesante precedente, sin duda idóneo para ampliar la reflexión sobre los temas del resarcimiento del «daño terminal», en una perspectiva más amplia que la del llamado daño tanatológico, al que hasta hoy se le ha dedicado atención, capaz de poner en valor el estado de profunda angustia derivado de la percepción de la inminencia de la muerte, más que los sufrimientos causados por un cuadro clínico gravemente comprometido que conduce al fallecimiento, hasta el punto de prescindir del propio evento de la muerte, en función de una adecuada respuesta resarcitoria a los delitos de secuestro de persona y atentado contra la vida de las personas con fines de terrorismo. Este tipo de resarcimiento también ha sido reconocido a los padres de los menores, en compensación por el sufrimiento y la angustia padecidos al conocer la noticia del secuestro de sus hijos y por el perjuicio psíquico al que se vieron expuestos a causa del hecho sufrido.
