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La nueva ley sobre la quiebra en Italia pretende prevenir las situaciones de insolvencia de la empresa. Antes de llegar a una crisis empresarial irreversible, a la recuperación de créditos del quebrado, a la llamada «muerte violenta de la firma o, mejor dicho, de la empresa», la nueva ley ha previsto instrumentos extrajudiciales para favorecer la mediación entre deudores y acreedores y para gestionar la insolvencia. Lea el nuevo Código de la Crisis Empresarial AQUÍ
La liquidación judicial
El papel del síndico concursal se ha reforzado. Podrá acceder más fácilmente a las bases de datos de la Administración Pública y promover las acciones judiciales que corresponden a los socios o a los acreedores sociales. La fase de reparto del activo entre los acreedores se confía al síndico y ya no al juez delegado. El síndico, sin embargo, está sometido a un mayor control en materia de conflicto de intereses.
Cómo prevenir las insolvencias de las empresas. La alerta preventiva y el papel del tribunal
El deudor puede activar una fase de alerta preventiva si considera que se encuentra en dificultades de liquidez crediticia. O bien, esta fase de alerta puede activarla el tribunal a raíz de una notificación de los acreedores públicos y privados. La notificación es obligatoria para la Agenzia delle Entrate y el INPS. De los nuevos procedimientos de alerta quedan excluidas las sociedades cotizadas y las grandes empresas.
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Ventajas y sanciones para el deudor con el procedimiento de alerta
Si el deudor activa voluntariamente el procedimiento de alerta, será asistido por un organismo constituido ante las Cámaras de Comercio y tendrá 6 meses de plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores. Es una solución similar a la Griega prevista por el procedimiento de rehabilitación.
El concurso preventivo para la reestructuración de las deudas
La nueva ley concursal prevé beneficios para el empresario que activa voluntariamente el procedimiento de alerta. No será sancionado por los delitos concursales, si el daño patrimonial es leve, y tendrá derecho a una reducción de los intereses y de las sanciones por deudas fiscales. Además, el límite del 60% de los créditos para la homologación del acuerdo de reestructuración de las deudas puede eliminarse o reducirse. Por último, el nuevo concurso preventivo (concordato preventivo) se admite junto al de continuidad, siempre que sea capaz de garantizar el pago de al menos el 20% de los créditos quirografarios.
El procedimiento de alerta abierto por el Tribunal a raíz de la notificación de los deudores
Si el procedimiento es activado por el tribunal a raíz de la notificación de los acreedores, el juez convoca al deudor y encomienda a un experto la tarea de resolver la crisis y recuperar créditos en un plazo de 6 meses.
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La continuidad empresarial y las nuevas reglas procesales
Con respecto a las propuestas de concurso preventivo entre deudores y acreedores, aquellas que salvaguardan la continuidad empresarial tendrán prioridad, pero deben ser capaces de satisfacer a los acreedores. En este sentido, la liquidación judicial se considera la extrema ratio, la última de las soluciones posibles como efecto de los procedimientos concursales adoptados. Por último, el juez competente se determina en función de las dimensiones de los procedimientos concursales.
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Las insolvencias del grupo de empresas
La ley también ha previsto más obligaciones para tratar de manera unitaria la crisis de insolvencia de las sociedades de un grupo, incluso en caso de procedimientos distintos. Los órganos actuantes están obligados a una información y colaboración recíprocas para afrontar y resolver positivamente la crisis de insolvencia.
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