En agosto de 2020 entra en vigor el nuevo código de la crisis empresarial. La novedad más relevante es la obligación del nombramiento del auditor legal para las Srl que superan los 4 millones de euros de facturación. Pero es solo una de las novedades más importantes del nuevo Código de la Crisis Empresarial, que define el nuevo sistema de liquidación judicial en lugar de la quiebra. Se trata de un sistema articulado que introduce los procedimientos de alerta, para permitir que la empresa prevenga daños irreparables derivados de una crisis temporal de insolvencia o endeudamiento.
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El papel del abogado especializado en la reestructuración de la deuda, en la recuperación de crédito, en la gestión de la crisis empresarial
Los aspectos legales de asistencia, asesoramiento y formación que un abogado gestiona en interés de una empresa en una situación de crisis se refieren a:
- La protección del derecho a la reserva y a la privacidad de la información interna de la empresa;
- La protección del derecho simultáneo a la información de los terceros acreedores o que financian la empresa, que contrasta con el derecho a la privacidad de la empresa;
- El respeto y la correcta observancia de las nuevas obligaciones a cargo de la empresa, previstas en el nuevo código de la crisis de insolvencia, con referencia no solo al asesoramiento y la asistencia jurídica, sino también a la formación e información respecto de las fases previas a la crisis y de crisis empresarial, y a la estructura organizativa y de gestión de la empresa;
- La correcta gestión de la relación jurídica y normativa que existe en los actuales órganos de gestión de las crisis de insolvencia de las empresas, como el síndico concursal, y los nuevos como el OCRI;
- Gestión de la prevención de las sanciones a cargo del empresario previstas por el nuevo código de la crisis empresarial. En particular, en lo que respecta a las obligaciones del empresario que opere en forma societaria o colectiva, de instituir una estructura organizativa, administrativa y contable adecuada a la naturaleza y a las dimensiones de la empresa en función de la detección oportuna de la crisis de la empresa y de la pérdida de la continuidad empresarial, así como de actuar sin demora para la adopción y la aplicación de uno de los instrumentos previstos por el ordenamiento para la superación de la crisis y para la recuperación de la continuidad empresarial;
- Protección e intereses en la definición del daño indemnizable por parte de la empresa, en virtud del análisis y de la correcta interpretación del comportamiento de la empresa en la gestión de la crisis.
En este nuevo marco legislativo definido por el código de crisis se inserta la figura del profesional que brinda asistencia jurídica a la empresa, para la gobernanza y la gestión virtuosa de la empresa.
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Al adecuar el marco normativo nacional a la legislación europea para la gestión de las crisis financieras de las empresas, el legislador previó que, a partir de agosto de 2020, las empresas se adecuen a las prescripciones normativas previstas por el nuevo código para la crisis empresarial, que regula los nuevos procedimientos de una eventual, aunque preventivamente evitada, liquidación judicial de la empresa.
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El corazón de la reforma está en los procedimientos de alerta preventiva. Se trata de un procedimiento negocial extrajudicial que no prevé la intervención de un órgano judicial, pero que corre el riesgo de ser subestimado. La naturaleza innovadora del procedimiento de alerta necesita asistencia jurídica calificada para aprovechar todas las ventajas que conlleva para la empresa en una situación de crisis.
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En esta fase se inserta el papel del abogado, porque es la fase en la que, a través de sus órganos internos, los órganos de control de la empresa toman conocimiento de que existe una situación de insolvencia financiera y proceden a comunicarlo a los administradores para que intervengan con la apertura de los procedimientos de alerta.
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