El D.Lgs. 75/2017, art. 20, prevé un plan de estabilización de los precarios de la Administración Pública para los años 2018 – 2020. Pero parecía que el Decreto Madia excluía la estabilización de la precariedad de los becarios de investigación (assegnisti di ricerca). En cambio, el MIUR y el TAR (Tribunal Administrativo Regional) establecieron que también tienen derecho a la estabilización los investigadores precarios de la universidad. Pero vayamos por orden. El personal no directivo que entra en la medida de estabilización debe reunir los siguientes requisitos:
- que preste servicio con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley n.º 124 de 2015 mediante contratos de duración determinada en la administración que procede a la contratación o, en el caso de administraciones municipales que ejerzan funciones de forma asociada, también en las administraciones con servicios asociados;
- que haya sido contratado a tiempo determinado, en relación con las mismas actividades desempeñadas, mediante procedimientos de concurso, incluso llevados a cabo en administraciones públicas distintas de la que procede a la contratación;
- que haya acumulado, al 31 de diciembre de 2017, al servicio de la administración mencionada en la letra a) que procede a la contratación, al menos tres años de servicio, aunque no continuados, en los últimos ocho años.
LEA AQUÍ CÓMO ADHERIRSE ANTES DEL 30 DE MARZO DE 2020 AL RECURSO ANTE LA UE PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS INVESTIGADORES PRECARIOS DE LA UNIVERSIDAD: Remisión al Tribunal de Justicia de la UE del recurso de los investigadores Tipo A/B. Victoria a la vista
Dado que la ventana para solicitar la estabilización de los investigadores precarios de la universidad se cierra el 30 de marzo de 2020, en lo que respecta a la estabilización, para los investigadores precarios de la Universidad había surgido la duda de si ellos y los becarios de investigación reunían los requisitos para poder concurrir al cómputo de los años de servicio contemplado en la mencionada letra c). Esto porque, según algunas administraciones públicas, dicho cómputo debía realizarse exclusivamente en razón de contratos de trabajo por cuenta ajena. Dado que –siempre según la administración pública– la beca de investigación universitaria no constituye un contrato de trabajo por cuenta ajena sino, más bien, un contrato de trabajo autónomo de colaboración continuada, no podía servir de base para el cómputo previsto en el mencionado art. 20.
Según el criterio del MIUR y del TAR, que lo ha reiterado, también el investigador universitario precario tiene derecho de acceso a los procedimientos de estabilización.
Pues bien, el TAR de Lazio ha aclarado definitivamente el punto, reiterando que también las becas de investigación cuentan para el cómputo de los años de servicio a efectos de la estabilización conforme al art. 20, D. Lgs. 75/2017. El Tribunal Administrativo señaló, en efecto, que es la propia circular ministerial del MIUR, la n.º 3 del 23 de noviembre de 2017, la que ya había aclarado la duda, señalando lo siguiente: “la amplia referencia a las distintas tipologías de contratos de trabajo flexible, contempladas en el artículo 20, apartado 2, puede comprender los contratos de colaboración coordinada y continuada y también los contratos de los becarios de investigación” (Circular n.º 3/2017, punto 3.2.7).
Por lo tanto, sobre la base de la interpretación del MIUR, el TAR anuló la resolución de una administración pública que no computaba, dentro de los años de servicio de un empleado público precario a estabilizar, también a los becarios de investigación. Según la sentencia del TAR de Lazio 10158/2018, en efecto, la beca de investigación cuenta a todos los efectos para el cómputo de los años de servicio exigidos por el art. 20, apartado 2, letra c) del D.Lgs. 75/2015. Como aclaración adicional, remitimos a la sentencia Santoro del Tribunal de Justicia de la UE sobre los precarios sicilianos
Si desea saltarse los tecnicismos legales, le explico AQUÍ por qué un investigador universitario de Tipo A/B debe presentar el Recurso para obtener la estabilización.
El derecho a la inclusión en un plan de estabilización para los investigadores universitarios precarios y la indemnización por daños
¿Pero qué sucede si la estabilización no se produce? Muchos investigadores han visto concluir su contrato tras los fatídicos 36 meses, sin ser incluidos en un plan de estabilización, tal como prevé el D. Lgs. 75/2017. A juicio de quien suscribe, dicho despido es ilegítimo y debe impugnarse sin duda dentro de los plazos legales, 60 días.
Los investigadores que reúnen los requisitos para entrar en el plan de estabilización 2018 – 2020, en efecto, no pueden ser despedidos, sino que deben ser incluidos en un plan de estabilización tal como prevé la ley. Si esto no ocurre, entonces entra en juego el criterio de la indemnización por daños por la reiteración del contrato de duración determinada más allá del límite previsto por la ley y por el daño derivado de la pérdida de oportunidad (perdita di chance). En efecto, en vista de la medida de 2017, los sujetos que en el período 2018 – 2020 reúnen los requisitos previstos en el art. 20 depositaron una confianza no imputable a ellos en la contratación indefinida, conforme al plan de estabilización previsto.
Las administraciones regionales, como Sicilia, no han aplicado ningún programa de estabilización y, en cambio, han procedido a despedir a quienes habían alcanzado los 36 meses de contrato de duración determinada. Esto sin tener en cuenta que, según la circular n.º 3 del 23 de noviembre de 2017, también la beca de investigación debía computarse como contrato de duración determinada y que, por lo tanto, el límite de reiteración del contrato de duración determinada ya había sido ampliamente superado.
Las sentencias “Mascolo” y “Rossato” aclaran que el recurso reiterado al contrato de duración determinada viola las normas de la UE
Ya la sentencia “Mascolo” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había aclarado que el recurso reiterado al contrato de duración determinada más allá de los 36 meses, sin ninguna previsión “cierta” de estabilización, constituía una violación de las normas europeas. Ahora, con la sentencia Rossato (C-494/17), el Tribunal ha aclarado un pasaje fundamental, en el caso de la estabilización “para el futuro”, que no remedia los abusos ya cometidos y que no prevé ninguna indemnización por los daños derivados de las consecuencias dañosas ya producidas. En concreto, la sentencia Rossato establece:
“La cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de disposiciones nacionales como las controvertidas en el litigio principal, que prevén la estabilización de los docentes con contrato de duración determinada para el futuro, sin efecto retroactivo y sin indemnización por los daños derivados de los abusos en el recurso a la contratación de duración determinada cometidos en el período anterior a la entrada en vigor de dichas disposiciones, a menos que el juez nacional identifique en el ordenamiento interno otros remedios dirigidos a sancionar debidamente el abuso del recurso a la contratación de duración determinada y a eliminar las consecuencias de la violación del derecho de la Unión”.
A la luz de la citada sentencia, no basta con que el Estado prevea programas de estabilización para liberarse de la responsabilidad de haber reiterado –durante años– el contrato de duración determinada, más allá del límite previsto por la ley. Tampoco queda exento de responsabilidad el propio Estado que –dictadas las normas para la estabilización– no vigile la efectiva aplicación de dichas normas que, la mayoría de las veces –en las regiones– quedan en letra muerta.
En este sentido, por lo tanto, el bufete de abogados Damiani&Damiani se propone hacerse portavoz de los investigadores que han visto reiterado durante años su contrato de duración determinada, ora en forma de becas de investigación, ora en forma de contrato de duración determinada, y que, al final, y a pesar de la buena estrella de la estabilización que finalmente traía algo de luz al final del túnel, han visto apagarse toda esperanza con un despido fulminante “porque no hay fondos”.
Vistas las conocidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vista también la reciente sentencia de la Corte Constitucional (2016), que prevén todas la indemnización por el daño ya sufrido y en curso, y vista la falta de aplicación del D.lgs. 75/2017, el recurso es obligado, a fin de recuperar al menos lo que corresponde por derecho propio.
Por lo tanto, se invita a todos los investigadores que reúnan los requisitos previstos en el art. 20, D.lgs. 75/2017, es decir que:
- que preste servicio con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley n.º 124 de 2015 mediante contratos de duración determinada en la administración que procede a la contratación o, en el caso de administraciones municipales que ejerzan funciones de forma asociada, también en las administraciones con servicios asociados;
- que haya sido contratado a tiempo determinado, en relación con las mismas actividades desempeñadas, mediante procedimientos de concurso, incluso llevados a cabo en administraciones públicas distintas de la que procede a la contratación;
- que haya acumulado, al 31 de diciembre de 2017, al servicio de la administración mencionada en la letra a) que procede a la contratación, al menos tres años de servicio, aunque no continuados, en los últimos ocho años.
y que haya sido despedido en lugar de ser incluido en un plan de estabilización, a ponerse en contacto con el bufete de abogados Damiani&Damiani para la reivindicación y la defensa de los derechos adquiridos y ya vulnerados.
Abogada Irene Damiani
El bufete de abogados Damiani&Damiani ofrece asistencia jurídica en línea para el recurso de estabilización de los investigadores precarios de la universidad
