Un rayo en cielo despejado para miles de descendientes de italianos en el mundo
El 28 de marzo de 2025 el Gobierno italiano emitió, con procedimiento de urgencia, un decreto-ley (n.º 36/2025) que modifica drásticamente la ley 91/1992 sobre la ciudadanía italiana. La medida, publicada en la Gaceta Oficial con efecto inmediato, dejó sorprendidos a abogados, familias y a cientos de ciudadanos en espera del reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis, en particular en los Estados Unidos, donde la solicitud es altísima entre los descendientes de emigrantes italianos.
Según la abogada Irene Damiani del Bufete Internacional Damiani & Damiani, la norma no solo cambia radicalmente los criterios de transmisión de la ciudadanía, sino que aplica retroactivamente un plazo de caducidad – fijado al 27 de marzo de 2025 – más allá del cual las solicitudes son rechazadas automáticamente, aunque estuvieran listas para ser presentadas.
¿Qué Cambia con el Decreto-Ley 36/2025?
Con efecto desde el 29 de marzo de 2025:
La ciudadanía italiana por nacimiento de ciudadanos italianos (iure sanguinis) se reconocerá solo hasta la segunda generación: es decir, a los nietos directos de un ciudadano italiano nacido en Italia.
Los bisnietos (tercera generación) podrán acceder a la ciudadanía solo si el progenitor nació en Italia o residió en Italia al menos dos años antes del nacimiento del hijo.
Los recursos presentados después del 27 de marzo de 2025 se consideran extemporáneos e infundados por ley, aunque hayan sido preparados antes de la publicación del decreto.
Se prohíbe el uso de medios de prueba como el juramento o el testimonio en los procedimientos judiciales relativos a la ciudadanía italiana, contradiciendo principios consolidados del derecho civil.
Deficiencias Constitucionales y Legales señaladas por el Bufete Damiani & Damiani
La abogada Irene Damiani, en la comunicación a los clientes, señala graves deficiencias jurídicas:
❌ El decreto deroga normas ya derogadas, creando antinomias.
❌ Se aplica retroactivamente, limitando derechos ya adquiridos.
❌ Penaliza a ciudadanos que ya habían manifestado la voluntad de presentar la solicitud hace décadas.
❌ La prohibición de medios de prueba (testimonios y juramentos) viola el derecho a la defensa garantizado por la Constitución.
❌ Todo el decreto parece aprobado sin debate democrático, en una sesión gubernamental centrada en otro tema (los centros de detención en Albania), mientras el proyecto de ley sobre la ciudadanía ya estaba siendo examinado por la Comisión Parlamentaria de «Asuntos constitucionales»
Una Normativa emitida sin previo aviso y con efectos devastadores
El decreto, aprobado durante una sesión del Consejo de Ministros cuyo orden del día trataba otro tema, se mantuvo reservado hasta su publicación oficial. Esto impidió a los bufetes de abogados anticipar la presentación de los recursos, dejando la mayor parte de las instancias automáticamente inadmisibles de un día para otro.
Un escenario abierto: 60 días para cambiar las reglas
Según lo establecido por el ordenamiento italiano, un decreto-ley debe convertirse en ley dentro de los 60 días, de lo contrario decae con efecto retroactivo. Esto abre una posibilidad:
Los recursos presentados ahora podrían considerarse válidos si el Parlamento no convierte el decreto en ley, o lo convierte con modificaciones.
En tal caso, las instancias actualmente «extemporáneas» pasarían a ser válidas, si se presentaron antes de la eventual ley de conversión.
La opinión: Un decreto que discrimina y limita el derecho al retorno
Este decreto no es solo un endurecimiento administrativo, sino una lesión a los derechos de los ítalo-descendientes en el mundo. Los principios del iure sanguinis, aunque controvertidos en ciertos contextos, constituyen un vínculo histórico y jurídico con Italia.
Modificar retroactivamente la ley sin transición ni previo aviso, afectando a quienes ya habían iniciado el trámite, socava la confianza en el Estado de derecho y penaliza a los ciudadanos de origen italiano por la ineficiencia del propio Estado.
El Parlamento tiene ahora una responsabilidad moral y jurídica: revisar o rechazar el decreto, para garantizar justicia y coherencia normativa.
📌 Si ya inició su trámite de ciudadanía iure sanguinis y quiere saber si todavía puede presentar recurso, contacte de inmediato al Bufete de Abogados Damiani & Damiani
