Artículo de análisis en profundidad sobre la reforma normativa.
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Guía para la solicitud de la ciudadanía italiana iure sanguinis
El 30 de abril de 2026 la Corte Constitucional dictó la sentencia n.º 63, pronunciándose por primera vez de manera directa sobre la reforma de la ciudadanía por descendencia introducida por el Decreto Tajani en marzo de 2025. La Corte rechazó las cuestiones de inconstitucionalidad y el límite de las dos generaciones queda confirmado como constitucionalmente legítimo. Se cierra así, al menos en el plano de la legitimidad constitucional, un proceso normativo que ha afectado a decenas de millones de descendientes italianos en el mundo y que ha rediseñado radicalmente las reglas para la adquisición de la ciudadanía por descendencia.
Este análisis reconstruye toda la secuencia: qué introdujo el Decreto Tajani, qué decidieron la Corte Constitucional y los Tribunales en estos trece meses, y sobre todo qué significa concretamente para un descendiente de italianos en Estados Unidos o en Canadá que todavía no sabe si tiene o tenía derecho a la ciudadanía italiana.
El contexto: por qué el Gobierno intervino con urgencia
Antes del 28 de marzo de 2025, Italia era el único gran país europeo que transmitía la ciudadanía por descendencia sin límites generacionales. El tataranieto de un emigrante que había partido de Palermo en 1895 —sin ningún vínculo con Italia, sin conocimiento del idioma, sin un solo año de residencia— podía reclamar el pasaporte italiano con la misma base jurídica que el hijo de un ciudadano residente.
El resultado había sido una explosión de las solicitudes: los procedimientos pendientes ante los Tribunales italianos habían pasado de 23.654 en 2022 a 61.628 en 2024. Los consulados en Argentina y Brasil acumulaban listas de espera de ocho a diez años. El sistema estaba en colapso administrativo.
El Gobierno reaccionó con un instrumento excepcional: el decreto-ley, que entra en vigor el mismo día de su publicación en la Gazzetta Ufficiale (boletín oficial italiano). A las 23:59 del 27 de marzo de 2025, las reglas cambiaron sin previo aviso.
Qué establece el Decreto Tajani: las modificaciones principales
El D.L. 28 de marzo de 2025, n.º 36 —convertido con modificaciones en la L. 23 de mayo de 2025, n.º 74, en vigor desde el 24 de mayo de 2025— introdujo el artículo 3-bis en la Ley n.º 91/1992 (Nuevas normas sobre la ciudadanía). Esta norma es el eje central de la reforma.
El límite de las dos generaciones. Los nacidos en el extranjero que posean otra ciudadanía ya no adquieren automáticamente la ciudadanía italiana al nacer. La adquisición automática se mantiene solo si al menos uno de los padres o uno de los abuelos nació en Italia, o si el padre/madre o el padre/madre adoptivo residió en Italia durante al menos dos años continuados después de haber adquirido la ciudadanía italiana y antes del nacimiento del hijo. Traducido: solo las dos primeras generaciones desde el nacimiento en Italia tienen derecho automático.
El principio del iure sanguinis no queda abolido. El Gobierno lo precisó desde el inicio, y la Corte Constitucional lo reafirmó en la sentencia 63/2026, que el principio de la transmisión de la ciudadanía por descendencia permanece en el ordenamiento italiano. Lo que ha cambiado es la extensión temporal ilimitada de ese principio: el vínculo de sangre por sí solo ya no es suficiente después de la segunda generación.
Las demás novedades de la ley. Junto con el límite generacional, la L. 74/2025 introdujo medidas menores pero relevantes:
- la reducción de tres a dos años del período de residencia exigido para la concesión de la ciudadanía al extranjero cuyo padre/madre o abuelo haya sido ciudadano italiano por nacimiento;
- la disposición de que los nacidos en el extranjero de italianos en el extranjero deban mantener vínculos efectivos con Italia al menos cada veinticinco años;
- la creación de una nueva oficina centralizada en la Farnesina para la gestión de las solicitudes de ciudadanía, en sustitución progresiva de los consulados.
Las pruebas en el proceso civil.
Una modificación a menudo subestimada afecta a las reglas probatorias en el juicio de determinación de la ciudadanía: la reforma estableció que no se admiten el juramento ni la prueba testimonial, y que es el solicitante quien debe probar la inexistencia de las causas de no adquisición o pérdida de la ciudadanía. Se invierte parcialmente la carga de la prueba respecto de la orientación jurisprudencial anterior.
La fecha divisoria: el 27 de marzo de 2025 a las 23:59, hora de Roma
La norma clave para comprender la propia situación es el régimen transitorio previsto por el artículo 3-bis. El Decreto introdujo una distinción clara y temporalmente precisa.
Para quienes presentaron una solicitud documentada antes de las 23:59 del 27 de marzo de 2025 —ya sea por vía administrativa consular o por vía judicial ante un Tribunal italiano— se aplica la normativa anterior, sin el límite de las dos generaciones. Estos expedientes están protegidos: el Gobierno confirmó que se tramitarán conforme a las reglas anteriores, y la Corte Constitucional, con la sentencia 63/2026, no afectó esta protección.
Para quienes presentaron o presenten una solicitud después de esa fecha, se aplican las nuevas reglas: límite de las dos generaciones, nueva oficina en la Farnesina, nuevas reglas probatorias.
Esta distinción generó un efecto inmediato: en las horas previas a la medianoche del 27 de marzo de 2025, se registraron miles de presentaciones de recursos urgentes ante los Tribunales italianos. Muchos de estos expedientes todavía están a la espera de audiencia.
Quién todavía tiene derecho después de la reforma
La reforma no eliminó la ciudadanía iure sanguinis. Redujo el perímetro de quienes pueden solicitarla por primera vez hoy. Existen cuatro categorías de personas para las que el procedimiento sigue siendo viable.
- Primera categoría: quienes presentaron la solicitud antes del 27 de marzo de 2025. El expediente continúa con las reglas anteriores, independientemente de cuántas generaciones separen al solicitante del antepasado italiano. La protección del régimen transitorio es explícita en la ley y ha sido confirmada por los Tribunales: ningún juez ha aplicado la nueva normativa a expedientes ya pendientes.
- Segunda categoría: quienes tienen al menos un padre/madre o abuelo nacido en Italia. Bajo la nueva normativa, quien desciende directamente de un padre/madre o abuelo italiano —primer o segundo grado— todavía tiene derecho automático a la ciudadanía. El procedimiento de reconocimiento está abierto tanto por vía administrativa como judicial.
- Tercera categoría: descendientes por línea materna con nacimientos anteriores a 1948. El caso de la descendencia femenina anterior a 1948 está excluido de las competencias consulares por razones históricas y queda reservado exclusivamente al Tribunal civil. Este procedimiento no se ve afectado por la reforma de 2025.
- Cuarta categoría: quienes ya obtuvieron el reconocimiento. Quien ya ha sido reconocido como ciudadano italiano —por un Tribunal, un consulado o un Municipio— conserva la ciudadanía adquirida. La reforma no tiene efectos retroactivos sobre los reconocimientos ya perfeccionados.
La nueva oficina centralizada en la Farnesina
Una de las novedades estructurales de la L. 74/2025 es la creación de una oficina especial centralizada en el Ministero degli Affari Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, la Farnesina) para la gestión de las solicitudes de ciudadanía, en sustitución progresiva de los consulados.
El objetivo declarado es liberar a los consulados de la carga de expedientes de ciudadanía para permitirles concentrarse en la prestación de servicios a los ciudadanos ya reconocidos. La oficina centralizada debería garantizar mayor uniformidad de trato y mejor eficiencia.
El período de transición previsto es de aproximadamente un año desde la entrada en vigor de la ley. Durante esta fase, los consulados continúan tramitando las solicitudes de ciudadanía ya asignadas, pero con limitaciones en el número de nuevos expedientes recibidos. Para los descendientes italianos en Estados Unidos y Canadá, esto significa que la situación de los consulados sigue siendo fluida: la suspensión de las reservas de turnos dispuesta el 28 de marzo de 2025 sigue vigente para las nuevas solicitudes, mientras que los expedientes pendientes se van resolviendo progresivamente.
La sentencia CC n.º 142/2025 del 31 de julio: la Corte Constitucional cierra la cuestión sobre la ley anterior
Incluso antes de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la nueva normativa, ya había llegado un pronunciamiento sobre la anterior. Los Tribunales de Bolonia, Milán, Roma y Florencia habían planteado una cuestión de legitimidad constitucional de la L. 91/1992, en la parte en que permitía la transmisión de la ciudadanía iure sanguinis sin ningún límite generacional. La hipótesis era que una norma que permitía a decenas de millones de personas sin vínculos efectivos con Italia reclamar el pasaporte italiano era irrazonable y lesiva del principio de soberanía popular.
El 31 de julio de 2025 la Corte Constitucional dictó la sentencia n.º 142, que declaró en parte inadmisibles y en parte infundadas las cuestiones planteadas. En sustancia: la ley anterior —la aplicable a los expedientes previos al 27 de marzo de 2025— no era inconstitucional. El iure sanguinis ilimitado era una decisión discrecional del legislador, compatible con la Constitución.
Sin embargo, la Corte tomó nota de la nueva normativa entrada en vigor mientras tanto, aclarando que no podía pronunciarse sobre ella en ese procedimiento porque la nueva ley no era aplicable a los casos sometidos a su examen. Dejó abierta, de manera explícita, la posibilidad de un futuro examen sobre la L. 74/2025.
Ese futuro examen llegó menos de nueve meses después.
La sentencia CC n.º 63/2026 del 30 de abril: la confirmación definitiva
El Tribunal de Turín había planteado una cuestión de legitimidad constitucional del nuevo artículo 3-bis de la L. 91/1992, introducido por la L. 74/2025. El núcleo de la cuestión era la presunta violación del principio de confianza legítima: cientos de miles de personas habían iniciado o planificado el procedimiento de reconocimiento de la ciudadanía confiando en las reglas anteriores, y el Decreto Tajani las había privado de ese derecho sin conceder un plazo razonable para adaptarse.
La Corte Constitucional dictó la sentencia n.º 63 el 30 de abril de 2026, tras la audiencia pública del 11 de marzo. Rechazó las cuestiones de inconstitucionalidad.
La motivación sigue dos líneas argumentales principales. Por un lado, la Corte reafirma que el legislador tiene amplia discrecionalidad en materia de ciudadanía y que esta discrecionalidad está sujeta a control constitucional solo dentro de los límites de la manifiesta irrazonabilidad y desproporción —umbral que en el caso de la reforma no se alcanzó—. Por otro lado, la Corte, con la nueva sentencia de abril de 2026, vincula explícitamente la ciudadanía con la democracia en términos sustanciales: por primera vez de manera tan directa, afirma que atribuir la ciudadanía a personas sin ningún vínculo efectivo con la comunidad nacional puede incidir en la composición del cuerpo electoral y en la soberanía popular, y que el legislador tenía razones legítimas para intervenir.
Con esta sentencia, el límite de las dos generaciones introducido por el Decreto Tajani adquiere estabilidad definitiva. Salvo futuras reformas legislativas, las reglas hoy vigentes son las que permanecerán en vigor.
La cuestión todavía abierta: el minor issue ante la Casación
No todo está cerrado. Una cuestión técnica de relevante impacto práctico todavía está pendiente ante las Salas Unidas de la Corte de Casación: el llamado minor issue, que concierne a la suerte de la ciudadanía del hijo menor cuyo antepasado se naturalizó extranjero durante su propia minoría de edad.
La cuestión surge de un conflicto jurisprudencial. Tradicionalmente, gran parte de los Tribunales italianos consideraba que la naturalización extranjera no implicaba la pérdida automática de la ciudadanía italiana del minor issues – hijo menor conviviente – dado que la naturalización tenía en muchos casos carácter automático y masivo —como ocurrió con la gran naturalización brasileña de 1889, mediante la cual Brasil reconoció automáticamente la ciudadanía brasileña a todos los extranjeros residentes en el país. En años más recientes, sin embargo, algunos jueces han comenzado a negar el reconocimiento en estos casos.
El primer presidente de la Corte de Casación remitió la cuestión a las Salas Unidas, cuya decisión —esperada dentro del año— resolverá definitivamente el conflicto interpretativo. Para los descendientes de italianos emigrados a Brasil, Argentina y otros países sudamericanos entre 1880 y 1920, este pronunciamiento podrá tener un impacto directo en la validez de los expedientes en curso.
Qué hacer ahora si usted es descendiente de italianos en Estados Unidos o Canadá
El marco normativo ahora es estable, pero complejo. La pregunta correcta no es «¿todavía tengo derecho?» en abstracto, sino «¿en qué categoría se encuadra mi situación específica?». La respuesta depende de tres variables: cuándo emigró su antepasado, en qué año se naturalizó estadounidense o canadiense y en relación con cuándo nacieron sus hijos, y si usted ya presentó la solicitud antes del 27 de marzo de 2025.
A continuación, un mapa rápido de las situaciones más comunes.
- Si su bisabuelo o tatarabuelo emigró a Estados Unidos o Canadá antes de 1940, se naturalizó y no tiene hijos ni nietos nacidos en Italia, y usted no presentó la solicitud antes del 27 de marzo de 2025: con toda probabilidad ya no está comprendido en las categorías abiertas por la nueva normativa. Sin embargo, vale la pena verificar si en la cadena generacional existen excepciones —línea materna anterior a 1948, naturalizaciones ocurridas después del nacimiento de los hijos, condiciones particulares de la gran naturalización.
- Si su padre o madre, o su abuelo o abuela, nació en Italia: usted todavía tiene derecho bajo la nueva normativa. El procedimiento de reconocimiento está abierto.
- Si presentó la solicitud —aunque solo fuera registrándose en una lista de espera consular— antes de las 23:59 del 27 de marzo de 2025: está protegido por la normativa anterior. Verifique el estado de su expediente y evalúe si el recurso ante el Tribunal civil es más conveniente que la espera consular, teniendo en cuenta los plazos.
- Si usted forma parte de la demanda colectiva (class action) de Damiani & Damiani o está evaluando sumarse: la demanda colectiva (class action) todavía está abierta para los expedientes que se encuadran en el régimen transitorio. [enlace interno → página de la demanda colectiva]
Por qué esta sigue siendo una materia que requiere asistencia legal
La estabilización del marco normativo tras la sentencia CC 63/2026 no simplifica el procedimiento: lo vuelve más selectivo. Los expedientes que siguen abiertos son los más complejos —cadenas generacionales largas, naturalizaciones de antepasados por verificar, líneas maternas anteriores a 1948, expedientes pendientes previos al 27 de marzo de 2025 que deben avanzar en el Tribunal. El margen para errores en la evaluación preliminar, en la recopilación documental y en la estrategia procesal es más estrecho que antes.
El bufete Damiani & Damiani lleva más de veinte años ocupándose de expedientes de ciudadanía iure sanguinis, con procedimientos gestionados enteramente a distancia para descendientes residentes en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y España. Ofrecemos una evaluación preliminar gratuita: envíenos su historia familiar y le diremos en un plazo de 24 horas hábiles si conviene proceder y cómo hacerlo.
