En los procedimientos de emisión del permiso de residencia (permesso di soggiorno) puede ocurrir que se detecten irregularidades, en cuyo caso la administración puede revocar la emisión del permiso de residencia otorgado al conviviente de hecho extracomunitario de la pareja binacional o a un trabajador o a un estudiante o al familiar extracomunitario reagrupado con el núcleo ya residente en Italia. Sin embargo, el principio de la buena fe actúa en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que también el derecho administrativo está atravesado por este principio, que en este caso emerge en los procedimientos de emisión del permiso de residencia. Así lo estableció el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) mediante una reciente sentencia, la 6881/2022.
Las irregularidades administrativas subsanables no pueden perjudicar la emisión del permiso de residencia
Para la emisión del permiso de residencia se requieren algunos documentos que conforman el expediente instructorio para la solicitud de la “tarjeta” con la cual un ciudadano extracomunitario puede residir en Italia. Los permisos de residencia relativamente más fáciles de obtener son los otorgados por:
- matrimonio, a los que se suma el otorgado al conviviente extracomunitario de una pareja de hecho con ciudadano italiano.
- reagrupación familiar de un hijo, de un padre o madre.
- trabajo o por estudio.
Cualesquiera que sean las razones por las que se puede residir legalmente en Italia, el respectivo permiso de residencia de larga duración debe renovarse cada 5 años. Después de haber obtenido el permiso para residir legalmente en Italia durante 5 años, haber realizado actividades laborales, pagado las contribuciones, pagado los impuestos, entablado relaciones, etc., la eventual denegación de la renovación de la tarjeta de residencia afectaría derechos garantizados constitucionalmente.
Esta es la razón por la cual el Consiglio di Stato consideró que las irregularidades administrativas subsanables no eran suficientes como causa de rechazo de la renovación del permiso de residencia.
Sabemos también cómo el funcionamiento de la burocracia italiana a veces perjudica el buen fin de la emisión de un acto administrativo, en este caso del permiso de residencia renovado.
El caso sobre el que se pronunció la sentencia del Consiglio di Stato se refiere a un ciudadano extracomunitario a quien se le denegó la renovación de su permiso de residencia, porque resultó ausente en 2 ocasiones a la convocatoria de la Questura. Por su parte, la Questura consideró como desinteresado el comportamiento del solicitante y dispuso la denegación de la renovación del permiso de residencia, después de haber evaluado la imposibilidad de llevar a término el respectivo procedimiento administrativo. Por lo tanto, archivó la solicitud de renovación y dispuso el decreto de abandonar Italia dentro de los 10 días a cargo del ciudadano extracomunitario que, en ese momento, se encontró en situación “clandestina”.
El recurso del solicitante de la renovación del permiso de residencia y el resultado del procedimiento jurídico
Presentado el recurso con la ayuda de la asistencia legal de un abogado de inmigración, el titular del permiso de residencia objetó que:
- resultó “ausente” en la primera convocatoria no por su voluntad, sino porque la Questura no había encontrado la solicitud y la oficina de inmigración no había podido proceder con la solicitud de renovación del permiso;
- resultó ausente en la segunda convocatoria, porque esta había sido enviada a una dirección equivocada.
Así es como actúa el principio de la buena fe en el que debe inspirarse el proceso de emisión de un acto administrativo
Si la irregularidad administrativa es subsanable, el responsable del procedimiento debe:
- solicitar las integraciones de los documentos útiles para completar la instrucción del expediente;
- poner al sujeto en condiciones de poder completar la solicitud de integración.
Esto significa que no se puede adoptar una resolución negativa para la adopción de un acto administrativo, en este caso la renovación del documento que permite la residencia en Italia, sin antes haber verificado la voluntad exacta del sujeto titular del derecho. No se trata de un acto facultativo, dice el Consiglio di Stato, sino de un acto obligatorio. Esto ocurre porque la Administración Pública del Estado, incluso cuando actúa a través de su potestad de autoridad, está obligada a poner de relieve el interés del particular en la emisión de la resolución, es decir, el interés del ciudadano extracomunitario en que se le reconozca la renovación de su permiso de residencia.
Las irregularidades subsanables en la emisión del permiso de residencia
Entre otras cosas, en su momento el art 5 de la ley de 1998 había confirmado la disciplina especial en virtud de la cual la renovación del permiso de residencia se rechaza cuando dejan de cumplirse los requisitos exigidos para el ingreso y la residencia en el territorio del Estado, a menos que estos deriven de «irregularidades administrativas subsanables». La verificación de la buena fe y el principio de colaboración de la P.A resultarían vanos si la Administración no reiterase la notificación de integración documental y la convocatoria del sujeto titular de un derecho fundamental de relevancia constitucional, en caso de que la primera resultase sin efecto.
Por último, las modificaciones de 2002 a la ley de 1990 sobre el procedimiento administrativo establecieron expresamente que «las relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública se basan en los principios de la colaboración y de la buena fe».
