Cayó como una bomba para miles de descendientes de italianos en todo el mundo.
El 28 de marzo de 2025, el Gobierno italiano promulgó, con carácter de urgencia, un decreto-ley (n.º 36/2025) que modifica drásticamente la Ley 91/1992 sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana. La medida, publicada en la Gaceta Oficial con efecto inmediato, sorprendió a abogados, familias y cientos de ciudadanos que esperaban el reconocimiento de su ciudadanía iure sanguinis, particularmente en los Estados Unidos, donde la demanda es muy alta entre los descendientes de emigrantes italianos.
Según la abogada Irene Damiani del Estudio Internacional Damiani & Damiani, la norma no solo cambia radicalmente los criterios de transmisión de la ciudadanía, sino que también aplica retroactivamente un plazo de prescripción –fijado al 27 de marzo de 2025– más allá del cual las solicitudes son automáticamente rechazadas, incluso si están listas para ser presentadas.
¿Qué Cambia con el Decreto-Ley 36/2025?
Con efecto a partir del 29 de marzo de 2025:
- La ciudadanía italiana por nacimiento de ciudadanos italianos (iure sanguinis) solo se reconocerá hasta la segunda generación: es decir, a los nietos directos de un ciudadano italiano nacido en Italia.
- Los bisnietos (tercera generación) sólo podrán acceder a la ciudadanía si el padre o la madre nacieron en Italia o residieron en Italia al menos dos años antes del nacimiento del hijo.
- Los recursos presentados después del 27 de marzo de 2025 se consideran tardíos e infundados por ley, incluso si se prepararon antes de la publicación del decreto.
- Se prohíbe el uso de medios de prueba como el juramento o el testimonio en los procedimientos judiciales relativos a la ciudadanía italiana, contradiciendo principios consolidados del derecho civil.
Criticidades Constitucionales y Legales Destacadas por el Estudio Damiani & Damiani
La abogada Irene Damiani, en su comunicación a los clientes, evidencia graves criticidades jurídicas:
- El decreto deroga normas ya derogadas, creando antinomias.
- Se aplica retroactivamente, limitando derechos ya adquiridos.
- Penaliza a ciudadanos que ya habían manifestado su voluntad de presentar la solicitud hace décadas.
- La prohibición de medios de prueba (testimonios y juramentos) viola el derecho a la defensa garantizado por la Constitución.
- Todo el decreto parece haber sido aprobado sin debate democrático, en una sesión de gobierno centrada en un tema diferente (centros de detención italianos en Albania), mientras que el proyecto de ley sobre la ciudadanía ya estaba bajo consideración de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales.
Una Normativa Promulgada Sin Preaviso y con Efectos Devastadores
El decreto, aprobado durante una sesión del Consejo de Ministros con otro tema en el orden del día, se mantuvo confidencial hasta su publicación oficial. Esto impidió que los estudios legales anticiparan la presentación de recursos, haciendo que la mayoría de las solicitudes fueran automáticamente inadmisibles de la noche a la mañana.
Un Escenario Abierto: 60 Días para Cambiar las Reglas
Según lo establecido por el ordenamiento jurídico italiano, un decreto-ley debe convertirse en ley en un plazo de 60 días, de lo contrario, caduca con efecto retroactivo. Esto abre una ventana de oportunidad:
- Los recursos presentados ahora podrían considerarse válidos si el Parlamento no convierte el decreto, o lo convierte con enmiendas.
- En tal caso, las solicitudes actualmente consideradas “tardías” se volverían válidas si se presentan antes de la eventual ley de conversión.
Opinión: Un Decreto que Discrimina y Limita el Derecho de Retorno
Este decreto no es solo un endurecimiento administrativo, sino una vulneración de los derechos de los descendientes de italianos en todo el mundo. Los principios del ius sanguinis, aunque controvertidos en ciertos contextos, constituyen un vínculo histórico y jurídico con Italia.
Modificar retroactivamente la ley sin transición ni preaviso, afectando a quienes ya han iniciado el proceso, socava la confianza en el Estado de derecho y penaliza a los ciudadanos de origen italiano por la ineficiencia del propio Estado.
El Parlamento tiene ahora una responsabilidad moral y jurídica: revisar o rechazar el decreto, para garantizar la justicia y la coherencia normativa.
📌 Si has iniciado tu trámite de ciudadanía por derecho de sangre y deseas saber si aún puedes apelar, contacta inmediatamente con Damiani & Damiani Law Firm
